Mientras el Gobierno recorta la capacitación, Dominga financia un curso de guardias en La Higuera

La certificación se entregó en Caleta Los Hornos. El curso lo dictó la empresa North Security y otorga la acreditación OS-10, obligatoria en Chile para trabajar legalmente como guardia de seguridad privada.

La noticia se difundió el mismo día con un texto idéntico en varios medios regionales, bajo el título "Minera Dominga apuesta por la formación y empleabilidad de jóvenes de La Higuera". Ese texto no informa cuántos jóvenes se certificaron, cuánto costó el curso ni cómo se financió. Tampoco menciona a las autoridades de gobierno que asistieron.

Sin embargo, en la fotografía de la ceremonia publicada por Radio Guayacán aparecen, junto a los jóvenes y a los representantes de la empresa, tres representantes del Gobierno en la región: la seremi del Trabajo y Previsión Social de Coquimbo, Andrea Barrera; la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Rudy Rivera Bugueño, y Abel Lizama, del equipo de la Seremi de Seguridad Pública de Coquimbo. También asistió el consejero regional Lombardo Toledo (PDC).

"Promover el talento local"

En el comunicado, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, la empresa dueña de Dominga, sostuvo que el esfuerzo de los jóvenes "se convierte en una herramienta concreta" para acceder a nuevos empleos. La empresa enmarcó el curso en su política de "promover el talento local y priorizar la contratación de hombres y mujeres de la comuna y de la Región de Coquimbo" (Diario El Día).

Andrea Flores, presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de La Higuera, afirmó que "programas como éste son un claro ejemplo de cómo la empresa privada y las organizaciones sociales" pueden construir oportunidades en la comuna (La Voz del Norte). Tras el rechazo de Dominga en 2025, esa misma Cámara declaró que la decisión "no nos sorprende".

Josué Munizaga, joven de Chungungo, dijo que espera que la certificación le permita encontrar trabajo y formar una familia sin dejar La Higuera.

La reacción en redes: "¿Cuánto les paga Dominga?"

En redes sociales, la nota no fue bien recibida. El 3 de noviembre, la cuenta de Instagram Cuarta Región Informa publicó el comunicado con la misma fotografía y el título "Minera Dominga apuesta por la formación y empleabilidad de jóvenes de La Higuera". Seis horas después, la publicación sumaba 176 "me gusta". Los comentarios más apoyados eran críticas al medio y al proyecto.

"Por favor, este tipo de publicidad pagada por Dominga, denúncienla. No demos espacio a la desinformación", escribió un usuario. Fue el comentario más respaldado, con 114 "me gusta". Le siguieron "¿Y la del impacto medioambiental de Dominga no la suben?", con 68 likes, y "Medios vendidos", con 63.

Otros usuarios preguntaron "¿Cuánto les paga Dominga?", anunciaron que dejarían de seguir la cuenta o que habían reportado la publicación.

Uno recordó que el proyecto ya fue rechazado: "No a Dominga, no sean porfiados si ya les han rechazado el proyecto". Otro reclamó que la noticia se había repetido "como 40 veces" en los últimos días.

El comunicado no indica si su difusión en medios y redes fue pagada.

Un Estado que se retira de la capacitación

El curso privado llega en el peor año para la capacitación pública en décadas.

En mayo, Hacienda recortó cerca del 45% del presupuesto 2026 del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), más de $110 mil millones. Solo el programa Capacitación en Oficios, que financia cursos gratuitos para personas desempleadas o de baja calificación, perdió $15 mil millones. La Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Sence lo calificó como "uno de los ajustes más severos al sistema de capacitación laboral en las últimas décadas" (CIPER).

El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza esa tendencia. Según la revisión partida por partida que hizo Radar Diario, la Capacitación en Oficios del Sence, el programa que podría financiar cursos como el de La Higuera, vuelve a quedar en la mitad. Los subsidios a la contratación de jóvenes y mujeres (Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y el nuevo Subsidio Unificado) caen de $181.750 a $89.613 millones, un 52% real menos. El único programa de empleo que sube es Proempleo, de empleo de emergencia, que pasa de $22.160 a $140.404 millones  (Presupuesto 2027: recortes sociales pese a promesa de Kast).

Si se suman los subsidios a la contratación, la capacitación, la intermediación laboral y el empleo de emergencia, el total baja de $252.735 a $165.162 millones, un 34,7% menos. El cálculo es del exjefe de la División de Políticas de Empleo del Ministerio del Trabajo, Fidel Bennet, citado por La Tercera (El Informador).

A eso se suma la franquicia tributaria del Sence, el beneficio que permite a las empresas descontar de sus impuestos lo que gastan en capacitar a sus trabajadores. El Gobierno propuso eliminarla en abril, dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. La Cámara rechazó la eliminación, y la ley miscelánea despachada en agosto la mantuvo, pero con un recorte: el tope que las empresas pueden descontar baja de 1% a 0,7% de su planilla anual de remuneraciones, y el descuento ya no cubre el 100% del curso, sino entre 15% y 80%, según el sueldo del trabajador.

Todo ocurre cuando el desempleo nacional es de 9,8% en el trimestre julio-septiembre de 2026, según el INE (publicado el 29 de octubre). Es la cifra más alta desde 2021, y las personas sin trabajo superaron el millón. En la Región de Coquimbo la tasa fue de 9,0%.

El consejo que decide los cursos del Sence

En la región, la oferta pública de cursos gratuitos del Sence no la define una empresa, sino el Consejo Regional de Capacitación (CRC). Es una instancia consultiva integrada por el sector público, los empleadores y los trabajadores, que prioriza y aprueba el Plan Regional de Capacitación financiado con becas laborales del Sence. Hoy la integran los seremis del Trabajo, Educación y Economía; los gremios Asoinco y Cidere, por los empleadores, y la CUT Elqui, por los trabajadores. La preside la seremi del Trabajo, Andrea Barrera (La Serena Online).

Es decir, la misma autoridad que posó en la foto del curso de Dominga preside el organismo que decide qué cursos públicos se dictan en la región.

No tendría por qué ser así. Desde julio de 2023, el Decreto Supremo N°60 permite traspasar a los gobiernos regionales la facultad de presidir los Consejos Regionales de Capacitación, junto con $10.000 millones en becas laborales, el 35% del programa, para que cada región defina sus propios cursos. Siete regiones la recibieron. Coquimbo no: según el Sence, en Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Biobío y La Araucanía "la competencia no fue transferida, por decisión de los mismos Gobiernos Regionales" (Sence). En ese momento, el Gobierno Regional de Coquimbo lo encabezaba Krist Naranjo, quien un año antes había pedido devolver al nivel central otras 15 competencias, por no contar "con recursos ni con personal adecuado para ejercerlas".

La facultad sigue sin traspasarse, y la presidencia del consejo continúa en manos de la seremi del Trabajo. El Gobierno Regional participa en las sesiones, pero sin conducirlas. En la cuarta sesión de 2025, realizada el 27 de octubre en La Serena, dos profesionales del GORE figuran entre los asistentes, junto a la Seremi del Trabajo, la Seremi de Economía, el Sence, la CUT, Cidere, Asoinco y el Observatorio Laboral, según el acta a la que accedió Radar Diario. En la sesión anterior, el representante del GORE propuso "complementar el plan de capacitación con recursos regionales".

Los acuerdos del consejo son vinculantes: con ellos se arma el plan anual de capacitación. En 2025, su presupuesto anual era de unos $690 millones, equivalente a 35 cursos, según el acta de la sesión del 25 de septiembre de ese año. En julio de 2026, el CRC aprobó 22 cursos, con una inversión cercana a $472 millones para 411 personas: operación de grúa horquilla y de excavadora compacta, soldadura, artefactos de gas y conducción profesional, entre otros. Según lo informado, ningún curso de guardia de seguridad figura en el plan, y la nota no menciona cursos en La Higuera.

En 2023, ese mismo consejo ya había discutido las dificultades del sistema. En su segunda sesión, el representante de Asoinco en esa fecha, Carlos Méndez, sostuvo que "las empresas capacitadoras siento que no cumplen para entregarle una buena capacitación a mi gente", y desde el Sence se advirtió que "si no se llenan los cursos debido por poca demanda es complicado el proceso de devolución de dinero".

En esa misma sesión, la entonces seremi de Economía planteó que el plan de desarrollo de La Higuera era "una política de gobierno para tener una priorización" en esa comuna (Acta de la segunda sesión del CRC de Coquimbo, 8 de septiembre de 2023).

Las actas de 2025 muestran que el problema sigue. En septiembre, el director regional del Sence señaló "la dificultad de completar cupos en oficios específicos y garantizar empleabilidad". En octubre, el encargado regional de capacitación del Sence informó que un curso de climatización solicitado por un consejero "se declaró desierto", es decir, que la licitación no tuvo oferentes adjudicables. En esa misma sesión, la CUT destacó que los cursos son más pertinentes "cuando emanan desde los municipios".

Cuando un curso no le resulta rentable a ningún organismo capacitador, el sistema público se queda sin oferta. En La Higuera, ese espacio lo ocupó Dominga.

"No les interesa el proyecto"

Entre los empleadores, el discurso sobre la empleabilidad juvenil apunta a los propios jóvenes. Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial Coquimbo e integrante del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Sence, cuyas opiniones se integran a las discusiones del Consejo Regional de Capacitación, cuestionó en octubre las prioridades de quienes buscan trabajo.

"Muchas veces llegan jóvenes a pedir trabajo y dicen: '¿Cuánto me va a pagar y desde qué hora hasta qué hora voy a trabajar?'", afirmó. "Acá no le interesa el proyecto", agregó, y relató casos de postulantes que se niegan a ciertas tareas porque "yo no estudié para eso" (Mi Radio).

Carrasco recordó que él mismo lavó platos en Europa cuando era joven, y pidió fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y las empresas. Sobre los trabajadores migrantes, advirtió que las exigencias migratorias generan incertidumbre entre los empleadores, sobre todo en las pymes: "Yo creo que hoy día los que tienen trabajo tienen que cuidarlo, porque nadie va a contratar a un extranjero hoy día".

Mientras los empleadores piden a los jóvenes menos exigencias y el Estado recorta los cursos gratuitos, la capacitación que llega a La Higuera la paga una minera que necesita apoyo para su proyecto.

Dominga, a la espera del Comité de Ministros

Dominga es un proyecto minero-portuario de hierro y cobre en La Higuera, a pocos kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo lo aprobó en 2021, pero el Comité de Ministros lo rechazó en enero de 2025. En septiembre de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite cuatro solicitudes para invalidar ese rechazo, y la decisión quedó en manos del Comité de Ministros del gobierno de José Antonio Kast.

Una empresa investigada por cohecho

El proyecto también enfrenta a la justicia penal. En diciembre de 2025, la Fiscalía Nacional abrió una investigación contra los dueños de Dominga por presuntos pagos al estudio de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Ambos están imputados en la llamada "trama bielorrusa", una arista del caso Audios. La investigación se abrió a petición de los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini y quedó a cargo de la Fiscalía Regional de Los Lagos. Según lo informado, el estudio recibió diez transferencias de Andes Iron entre marzo y diciembre de 2023, por más de $250 millones. Los pagos coincidieron con la revisión del proyecto en el Primer Tribunal Ambiental.

En mayo de 2026, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió una querella de Greenpeace, patrocinada por el abogado Mauricio Daza, por cohecho agravado y revelación de secretos. La querella cuestiona además que el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus participara en un recurso de 2024 que favoreció a la empresa. En agosto, Andes Iron se hizo parte de esa causa como imputada, por iniciativa propia (REDIMIN).

En octubre, un reportaje de Mongabay y Reportea reveló pagos de Andes Iron a lobbistas, operadores judiciales y exparlamentarios contratados como asesores. Entre ellos están Aldo Cornejo, Patricio Walker, Osvaldo Andrade, Gabriel Silber y Eduardo Lagos. Según el reportaje, la empresa también paga a Alejandro Ruiz, exministro del Tribunal Ambiental de Santiago, que ha dado entrevistas como experto en Dominga sin informar esa relación (Mongabay).

Andes Iron sostiene que la querella de Greenpeace "no tiene fundamento alguno" y que los pagos al estudio de Lagos y Vargas correspondieron a un "informe de seguimiento judicial". Las investigaciones siguen en curso y nadie ha sido condenado. Más detalles en Dominga: el caso pasa al Comité de Ministros de Kast.

El empleo como argumento

En las últimas semanas, parlamentarios de la región, como el diputado Erich Grohs, han pedido al Gobierno destrabar el proyecto con el argumento del empleo local. El curso de guardias se presenta con el mismo argumento: trabajo para los jóvenes de La Higuera, sin tener que irse de la comuna.

La presencia de dos seremis y de un representante de la Seremi de Seguridad en la ceremonia de una empresa imputada en una causa por cohecho, y cuyo proyecto depende de una decisión del propio Gobierno, abre una pregunta: si el Ejecutivo apoya la formación de guardias en La Higuera, ¿por qué recorta los programas públicos que podrían financiarla sin depender de Dominga?