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La Fiscalía reformalizó a la exintendenta Lucía Pinto y a otros tres imputados por la compra de terrenos del GORE Coquimbo, y estima un perjuicio fiscal de al menos $2.000 millones

La Fiscalía reformalizó a la exintendenta Lucía Pinto, formalizó por primera vez al exjefe jurídico del GORE Coquimbo y estima un perjuicio fiscal de al menos $2.000 millones por la compra de terrenos.

Lucía Pinto Papaya Gate

Seis años después de que estallara el caso, la investigación por la compra de terrenos del Gobierno Regional de Coquimbo entró en su etapa final. El 7 de septiembre, ante el Juzgado de Garantía de La Serena, la Fiscalía Regional de Coquimbo reformalizó por fraude al fisco a la exintendenta Lucía Pinto, al exadministrador regional José Cáceres y al gerente de las inmobiliarias vendedoras, Pablo Bracchitta. En la misma audiencia formalizó por primera vez al exjefe del Departamento Jurídico del GORE, el abogado Eduardo Espinoza Rodríguez, quien había quedado fuera de la formalización de 2025.

El tribunal fijó un plazo de 60 días para cerrar la investigación. Pinto mantiene firma mensual y arraigo nacional; Cáceres, arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, según BioBioChile.

Rechazan sobreseimiento de Bracchitta

El 22 de septiembre, el juez Claudio Ayala rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo de Pablo Bracchitta. El tribunal consideró que aún hay diligencias pendientes, como el análisis de correos electrónicos, y que no tener medidas cautelares no acredita inocencia. Su abogado, David Segall, sostiene que Bracchitta "no ejecutó ninguna conducta constitutiva de fraude al Fisco", informó Diario El Día.

Querellantes piden acusación

"Ya hay suficientes antecedentes para sustentar una acusación", afirmó Luis Acevedo Espínola, abogado querellante en representación del senador Daniel Núñez, y pidió "las mayores penas posibles". Núñez, por su parte, insistió en que "la corrupción no puede quedar impune en ninguna parte de Chile".

Lo que viene

A comienzos de noviembre vence el plazo de 60 días. Entonces la Fiscalía deberá decidir si presenta acusación, lo que abriría el camino a un juicio oral. Todos los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

Radar Diario ha seguido el caso desde sus inicios. En julio de 2024 publicamos los antecedentes de la investigación y el cruce entre el senador Núñez y la defensa de Cáceres por la demora del proceso.

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