Oposición da 48 horas a Kast para sacar al ministro Rabat
La oposición fijó un plazo de 48 horas al Gobierno para remover al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al subsecretario Luis Silva. Los acusa de haber firmado las rebajas de condena de 56 personas condenadas por violación y abuso sexual contra menores de edad. Si La Moneda no actúa, las bancadas de oposición evaluarán una acusación constitucional contra el ministro.
El Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Liberal suman seis bancadas, que piden además una sesión especial de la Cámara de Diputados para este miércoles 28 de octubre. Quieren que el Gobierno entregue toda la información sobre los decretos y sobre las personas que salieron beneficiadas (El Mostrador).
Qué hizo el Ministerio de Justicia
Durante la actual administración, el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. También concedió dos rebajas a internos de Punta Peuco condenados por tortura y secuestro (Radio Universidad de Chile)
La oposición sostiene que la ley de 2022 impedía conceder este beneficio por delitos sexuales contra menores, y que el ministro no estaba obligado a firmar los decretos. El Gobierno responde que hay un vacío legal para las condenas dictadas antes de 2022 y que actuó según la jurisprudencia de los tribunales.
Lo que dijo la oposición
"Queremos la renuncia del ministro Rabat", afirmó la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans. "Si se reconoce el error, lo que hay que hacer es asumir las responsabilidades políticas", agregó.
El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, puso tres condiciones para no acusar constitucionalmente al ministro: que Kast pida su renuncia, que el Ejecutivo inicie acciones para revocar los decretos y que el Presidente pida disculpas públicas a las víctimas. "Hay dos responsables con nombre y apellido, José Antonio Kast y Fernando Rabat", dijo.
La diputada Emilia Schneider (FA) calificó de "insostenible" la permanencia de Rabat y Silva en sus cargos y afirmó que "al Gobierno no le correspondía interpretar una ley que es muy clara". La diputada Daniela Serrano (PC) advirtió que "estos no son solamente 56 casos, incluso podría haber más" (CNN Chile).
El diputado Jorge Díaz (DC) fue más lejos: "Hasta lo que se conoce hoy están todas las condiciones para que esta acusación constitucional prospere". En el Senado, la senadora Yasna Provoste (DC) sostuvo que el ministro "haría bien en dar un paso al costado". El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, dijo que "de todas las opciones de interpretaciones posibles que tenía el gobierno, optó por la peor".
El exministro de Justicia Jaime Gajardo calificó de "error jurídico" no haber aplicado la ley de 2022 y pidió al Gobierno publicar los 56 decretos, que aún no se conocen.
Denuncia ante la Fiscalía
Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional contra Rabat y el subsecretario Silva por presunta prevaricación administrativa, delito que comete una autoridad que dicta una resolución arbitraria (24 Horas).
"Esto es ilegal", dijo Cuello, quien calificó la resolución como "manifiestamente injusta y contraria a derecho". Según el diputado, el ministro "tenía la obligación de denegar la rebaja de condena". Santana, por su parte, calificó de "impresentable" que Kast ratificara a Rabat y advirtió: "Este gobierno será recordado como la administración que dejó en libertad a 56 personas".
Voces con matices
No toda la oposición tiene la misma postura sobre la acusación constitucional. El diputado Marcos Ilabaca (PS) sostiene que la acusación debe basarse en infracciones legales probadas y evaluarse "con rigor". La diputada independiente Joanna Pérez propone avanzar por etapas, partiendo por una comisión investigadora o una sesión especial (BioBioChile).
También hubo críticas desde el oficialismo. El diputado Mauro González (RN) reconoció que, con la información disponible, "no puede defender al Ministerio de Justicia".
La respuesta del Gobierno
El Presidente José Antonio Kast reconoció un "error" y descartó sacar a Rabat. "El camino difícil es hacerse cargo, corregir el error", dijo, y encargó al ministro liderar los cambios legales para impedir que el beneficio se siga otorgando.
Rabat, en tanto, descartó renunciar. "No, no he pensado renunciar. Espero acompañar al Presidente durante sus cuatro años", afirmó, y sostuvo que ha actuado "conforme a la Constitución y la ley" (24 Horas). Antes había dicho que una acusación constitucional "no tiene asidero".
El Ministerio de Justicia suspendió la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena para condenados por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, las 56 rebajas ya otorgadas siguen vigentes (El Desconcierto). El Ejecutivo prepara un proyecto de ley con "discusión inmediata" para excluir expresamente de este beneficio a los condenados por violación de niños, niñas y adolescentes, ampliar la participación de las víctimas e incorporar control judicial sobre estas resoluciones.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respaldó la continuidad del ministro y lo calificó como "una especie de revelación" del gabinete.
Lo que viene
Las bancadas de oposición se reúnen esta semana para revisar los fundamentos jurídicos de una eventual acusación constitucional. Tras la sesión especial del miércoles 28 de octubre, definirán si la presentan. Para aprobarla en la Cámara se requiere la mayoría de los diputados presentes; luego, el Senado actúa como jurado.
