Caso Ana María Pizarro: formalización en ausencia y amenazas
Formalizan en ausencia a José Alejandro Medina Ladera por el femicidio de Ana María Pizarro. Fiscalía solicita extradición desde Venezuela. Familia denuncia graves amenazas.
La Fiscalía de Coquimbo formalizó este viernes en ausencia a José Alejandro Medina Ladera, ciudadano venezolano de 49 años, por el delito de femicidio en perjuicio de Ana María Pizarro, quien fue brutalmente asesinada y descuartizada en abril pasado. La audiencia, realizada en el Juzgado de Garantía de La Serena, marca un nuevo hito en una investigación que ha conmocionado a la región.
🔍 Formalización y extradición solicitada
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los antecedentes que permiten imputar a Medina por femicidio y solicitó su extradición desde Venezuela, donde actualmente se encuentra detenido en la localidad de Carabobo. El sujeto habría huido de Chile por un paso no habilitado, tras la desaparición de la víctima el 3 de abril. Dos semanas después, sus restos fueron encontrados en una acequia entre avenida El Santo y Ruta 5 Norte, confirmándose días más tarde su identidad.
La causa se mantiene bajo reserva, por lo que no se han entregado más detalles públicos del expediente judicial.
⚠️ Graves amenazas a la familia
En paralelo a la formalización, se conocieron audios enviados por el imputado a la hija de la víctima, Jocelyn Pizarro, en los que amenaza directamente su vida y la de sus hijas. En uno de los mensajes, Medina afirma:
"Espero que dejes el caso de tu mamá hasta ahí... si no, las que van a pagar las consecuencias van a ser tus hijitas".
En otro mensaje, advierte que si el audio llega a la PDI, actuará en venganza:
"No me importa esperar meses escondido... estoy más cerca de lo que te imaginas".
Las amenazas también alcanzan a otras personas cercanas a la familia, intensificando el temor de quienes exigen mayor protección y justicia.
🛑 Exigen protección urgente
El caso ha generado gran impacto social y un llamado urgente a reforzar las medidas de protección para víctimas de violencia de género, así como garantizar apoyo psicológico y jurídico para las familias afectadas.
Desde la familia y organizaciones locales, se insiste en que este crimen no puede quedar impune y que el Estado debe garantizar condiciones para que ninguna mujer más sea silenciada por la violencia.
