Fiscalía solicita formalizar a exintendenta Lucía Pinto y empresarios en caso "Papaya Gate"

La Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por la fiscal Claudia Perivancich, solicitó al Juzgado de Garantía de La Serena programar una audiencia de formalización en el marco de la investigación por fraude al fisco y otros delitos cometidos en el Gobierno Regional de Coquimbo.

La causa apunta a ocho imputados. Entre ellos destaca la exintendenta Lucía Pinto Ramírez, quien será formalizada como autora de fraude al fisco, delito que habría sido cometido entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.

También serán formalizados:

1. José Eduardo Cáceres Rojas, exjefe de División de Planificación y Desarrollo (DIPLADE) y exadministrador regional, por fraude al fisco y negociación incompatible.
2. Pablo Bracchitta Krstulovic, ingeniero civil industrial, por fraude al fisco.
3. Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, todos empresarios, por delitos tributarios.
4. Luis Gastón Iver Hudson, abogado y asesor tributario, como cómplice de delitos tributarios.

Reacciones políticas

El Senador Daniel Núñez (PC), querellante en la causa, valoró la solicitud de formalización como un paso crucial contra la impunidad, destacando la importancia de que el proceso se desarrolle de manera expedita para establecer las responsabilidades completas y devolver la confianza a la ciudadanía.

"Se nos ha informado que la Fiscalía está solicitando la formalización de Lucía Pinto, José Cáceres y los dueños de las inmobiliarias, por distintos delitos. Esto nos da esperanza de que se termine la impunidad y se haga justicia en este caso emblemático de corrupción”. (El Clarín)

Por su parte, el diputado Ricardo Cifuentes (PDC) comentó a Diario La Región que «la formalización que ha solicitado la Fiscalía de Valparaíso llega tarde, creo yo, pues son más de cuatro años los que han transcurrido y, además, sin ninguna novedad porque las personas involucradas son las mismas. Es un caso que nos avergüenza como región».

Desde la derecha piden prudencia y respetar la presunción de inocencia

Desde el sector de derecha, parlamentarios como Matías Walker (Demócratas) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI) coincidieron en llamar a la cautela, subrayando la importancia de respetar la presunción de inocencia y cuestionando la oportunidad en que la Fiscalía decidió solicitar la formalización.

Desde la derecha, el senador Matías Walker (Demócratas)señaló que "es importante entender lo que es una formalización y también que la presunción de inocencia es un principio que siempre debe respetarse, ya que esta solicitud presentada tampoco significa una condena anticipada".

Agregó además que "todos los que han criticado a la fiscal regional se apresuran en sus juicios, porque estas cosas no pueden funcionar según las presiones políticas, sino que conforme el avance de la investigación".

En la misma línea, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) planteó reparos respecto al momento en que se solicita la formalización:

"Es bien curioso que, habiendo transcurrido tanto tiempo, justo ahora la Fiscalía haya decidido solicitar audiencia de formalización. Hoy solo conocemos que se solicitó la audiencia, sin conocer los fundamentos o argumentos en virtud de los cuales se funda esta solicitud. Creo que hay que tener todos los antecedentes a la vista para poder tener mayor claridad".

Cabe recordar que tanto Juan Manuel Fuenzalida (UDI) como el Senador Sergio Gahona (UDI), votaron en contra del informe de la comisión investigadora del caso (nota de BBCL).

Por su parte, desde el Gobierno Regional, el actual gobernador Cristóbal Juliá evitó profundizar en el tema, asegurando que "esta es una decisión que está radicada en la Fiscalía de Valparaíso, por lo que no nos corresponde intervenir ni emitir opiniones sobre procesos judiciales en curso. Respetamos las instituciones y confiamos en que los hechos se esclarezcan a través de los conductos regulares establecidos por la ley".

🧭 Contexto del caso

El "Papaya Gate" se refiere a la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo a un precio significativamente superior al valor tasado, sin cumplir con los procedimientos legales establecidos. La operación fue realizada a través de trato directo y sin la toma de razón de la Contraloría, lo que generó sospechas de corrupción y malversación de fondos públicos .​

La investigación ha revelado posibles conflictos de interés, incluyendo la participación de funcionarios públicos y empresarios en la transacción. El caso ha tenido un impacto significativo en la opinión pública y ha motivado acciones legales y administrativas para determinar responsabilidades y sancionar a los involucrados .​

🕰️ Cronología del caso

📅 Diciembre 2018 – Agosto 2020: Compra cuestionada de terrenos

Durante este período, el Gobierno Regional de Coquimbo, liderado por la entonces intendenta Lucía Pinto (UDI), adquirió terrenos en el sector San Ramón de La Serena por $9.800 millones.

La compra se realizó sin la toma de razón de la Contraloría General de la República, a pesar de que el valor tasado de los terrenos era significativamente menor, generando sospechas de sobreprecio y falta de transparencia.

📅 Septiembre 2020: Revelación del caso y renuncia de la intendenta

El 24 de septiembre de 2020, un reportaje de Radio Bío Bío expuso las irregularidades en la compra de terrenos, dando origen al escándalo denominado "Papaya Gate".

Dos días después, Lucía Pinto renunció a su cargo de intendenta para enfrentar las investigaciones en su contra.

📅 Octubre 2020: Creación de Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados

Ante el impacto del caso, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial Investigadora para analizar las irregularidades en la compra de los terrenos.

Esta instancia parlamentaria tuvo como objetivo recabar antecedentes, evaluar responsabilidades políticas y remitir información a los órganos persecutores correspondientes.

📅 Agosto 2022: Sanciones de la Contraloría

La Contraloría General de la República concluyó que Lucía Pinto "infringió gravemente el principio de probidad administrativa", recomendando su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

Además, se aplicaron sanciones a otros funcionarios involucrados.

📅 Noviembre 2023: Querella del Gobierno Regional

La exgobernadora regional Krist Naranjo presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de La Serena por fraude al fisco y otros delitos, buscando reactivar la investigación y esclarecer los hechos relacionados con la millonaria compra de terrenos. Sin embargo fue declarada inadmisible.

📅 Abril 2025: Solicitud de formalización

La Fiscalía Regional de Valparaíso, a cargo de Claudia Perivancich, solicitó la formalización de ocho personas, incluyendo a Lucía Pinto, por fraude al fisco y delitos tributarios.

Con fecha 28 de abril, el Juzgado de Garantía de La Serena resolvió fijar para el día 26 de mayo de 2025, a las 08:30 horas la audiencia de formalización.