Fiscalía Regional de Coquimbo: Cooper en la mira por filtraciones en casos claves

La figura del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, se ha transformado en uno de los nombres más controvertidos del Ministerio Público en los últimos meses. Investigado por posibles filtraciones de información reservada y cuestionado por su forma de conducir causas de alto perfil, el persecutor enfrenta hoy una solicitud de remoción ante la Corte Suprema y fuertes críticas desde el oficialismo.

📲 Filtraciones del caso Sierra Bella: chats privados expuestos

Todo comenzó con la investigación del fallido intento de compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago. En ese contexto, la exalcaldesa Irací Hassler entregó voluntariamente su teléfono celular a la Fiscalía para colaborar con la indagatoria. Sin embargo, la revisión de su contenido derivó en un informe policial que incluyó más de 100 páginas de conversaciones privadas —muchas sin vínculo con los hechos investigados—, entre ellas, diálogos con la diputada Karol Cariola.

Aunque se había dictado reserva sobre ese informe, parte del contenido fue filtrado a la prensa y se difundió públicamente en marzo de 2025. Los mensajes revelaron gestiones políticas, nombramientos informales y duras críticas al Gobierno del presidente Gabriel Boric. La propia Hassler acusó al fiscal de vulnerar su privacidad y presentó una querella por revelación de secretos.

🧾 Arista Chinamart y nuevas imputaciones

Los mismos chats derivaron en una segunda investigación por presunto tráfico de influencias, conocida como arista Chinamart, en la que la diputada Cariola aparece solicitando ayuda para renovar una patente comercial en favor de un empresario de origen chino. La Fiscalía —nuevamente bajo Cooper— pidió el allanamiento del domicilio de Cariola, diligencia que se concretó justo el día en que ella se encontraba en trabajo de parto, lo que generó un fuerte rechazo ciudadano y parlamentario.

📞 El caso ProCultura: ¿Cooper pinchó al Presidente?

En paralelo, Cooper lidera otra causa de alto impacto: la investigación sobre millonarios convenios entre fundaciones y el Estado. En ese marco, autorizó la interceptación telefónica de Miguel Crispi, exasesor de Boric, y —según fuentes judiciales— solicitó también intervenir el celular del propio Presidente. Aunque el tribunal rechazó esa solicitud por falta de antecedentes suficientes.

Dentro del marco de esa investigación, se filtró una conversación telefónica entre Crispi (FA) y su madre, Claudia Serrano (PS), menciona presuntas presiones de la exsenadora Isabel Allende (PS) para concretar la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en la calle Guardia Vieja.

El presidente Gabriel Boric se pronunció sobre la controversia generada por la interceptación telefónica a su exasesor Miguel Crispi, en el marco de la investigación del caso ProCultura. En una declaración pública, Boric enfatizó que "nadie está por sobre la ley" y subrayó la importancia de que las instituciones del Estado actúen con responsabilidad y respeto al debido proceso.

🏛️ Solicitud de remoción y proceso en la Suprema

El 24 de marzo, un grupo de diputados oficialistas encabezados por la comunista Carmen Hertz presentó una solicitud de remoción contra Cooper ante la Corte Suprema. Acusan “negligencia manifiesta”, filtraciones de información confidencial y vulneración de derechos fundamentales. La Corte ya admitió a trámite la solicitud, y próximamente se abrirá el proceso para decidir si el fiscal puede continuar en su cargo.

"Consecuentemente, y en atención a lo decidido, se remiten los antecedentes al señor presidente con el objeto que dicte las resoluciones que correspondan (...), en su oportunidad dar traslado de la solicitud y, posteriormente, designar al ministro que deberá tomar la audiencia de prueba", señaló la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo.

Es la primera vez en años que se procesa una remoción de un fiscal regional a instancias del Congreso, lo que evidencia la gravedad que el oficialismo atribuye al caso. Cooper dispondrá de instancias para defender su gestión ante la Corte. Desde sectores de oposición, en tanto, han calificado la arremetida contra el fiscal como “un hecho gravísimo que evidencia presiones políticas” para frenar investigaciones incómodas.

El persecutor defendió la legalidad de las escuchas, señalando que fueron autorizadas por un tribunal y que las medidas intrusivas son herramientas legales utilizadas en diversas investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación para determinar el origen de las filtraciones a cargo de la fiscal Claudia Perivancich.

“Es una medida de prudencia frecuente, cuando se abre una causa por violación de secreto dentro de un caso llevado por un fiscal, que la lleve otro fiscal distinto” explicó Valencia

La situación plantea interrogantes sobre la protección de la privacidad en las investigaciones judiciales y la necesidad de reforzar los mecanismos para evitar filtraciones que puedan afectar el debido proceso y la confianza en las instituciones.